Sin embargo, ante los ojos de los demás
¿realmente habría la misma respuesta? Por comentarios que he escuchado
de empresarios y funcionarios públicos, así como por diversas
publicaciones, la respuesta afirmativa definitivamente no parece ser
generalizada. Es más, casi podría decir que se está poniendo en duda la
objetividad de nuestra profesión independiente.
Aunque
parezca un juego de palabras, pero para ser respetado hay que ser
respetable; es decir, para ser sujeto de respeto debemos realizar
acciones que sean dignas de ese respeto. Preguntémonos entonces si
somos respetables. Nuevamente al unísono se escucharía una respuesta
similar ¡desde luego que somos respetables!
Antes de
continuar, debemos hacer algunas aclaraciones, pues quizás somos un
tanto injustos en nuestras aseveraciones al hablar de una profesión
como algo coherente y/o con una cabeza y un cuerpo visibles. Muchas
veces pensamos que los miembros del Instituto Mexicano de Contadores
Públicos somos la profesión de la Contaduría Pública. Ciertamente
dentro de las firmas grandes y medianas se concentra un número muy
importante de clientes que son las grandes empresas de nuestro país,
tanto del sector público como del sector privado. Sin embargo, hay
miles y miles de colegas que no son miembros del Instituto y muchos de
ellos practican la profesión también en forma independiente.
Por
otra parte, debemos considerar que la mayoría de los Contadores
Públicos de nuestro país no practican la profesión en forma
independiente, sino que son funcionarios o empleados de los sectores
público y privado.
Consecuentemente, nos va a resultar difícil
poder definir exactamente quién conforma a nuestra profesión. Vayamos
por partes y en primer lugar comentemos sobre la profesión practicada
en forma independiente, sin hacer un distingo entre cuántos de estos
profesionales son miembros del Instituto Mexicano de Contadores
Públicos y cuántos no lo son.
Hemos señalado en distintos foros,
el grave problema en que se ha convertido la fijación de los honorarios
profesionales por el servicio de auditoría de estados financieros, con
su modalidad de auditoría para fines fiscales. El problema fundamental
es que la auditoría de estados financieros y con fines fiscales no está
siendo remunerada de acuerdo con lo que establece el Código de Ética
Profesional: “el monto de la retribución económica que perciba el
Contador Público ha de estar de acuerdo con la importancia de las
laborales a desarrollar, el tiempo que a esa labor se destine y el
grado de especialización requerida.”
Son múltiples las
situaciones que se presentan en la vida real y que significan
violaciones a esta disposición de nuestro Código de Ética. Por ejemplo,
en las licitaciones públicas se presentan cotizaciones tan bajas que
evidencian, sin lugar a duda, que no se hizo un estudio adecuado sobre
el tiempo a invertir en la auditoría y el grado de especialización del
personal requerido. En otros casos, con tal de obtener al cliente o de
retenerlo, se está dispuesto a cobrar honorarios ridículos. Es también
evidente la guerra de precios que se ha mantenido desde hace varios
años, en donde las firmas están dispuestas a arrebatarse los
clientes entre sí, utilizando cotizaciones sumamente bajas.
Esta
disposición de algunas firmas de aceptar trabajos a pesar de que
prácticamente les están pagando con cacahuates, está siendo aprovechada
por los demandantes de los servicios. Las disposiciones legales en el
sentido de que se acepten las cotizaciones de servicios profesionales
más bajas en el monto de honorarios, ha contribuido a esta guerra de
precios y a afectar a la profesión en forma general.
Puedo seguir
hablando de este problema y poner múltiples ejemplos del daño que nos
hemos estado haciendo a nosotros mismos con estas políticas o posturas
de bajos honorarios. Algunos dirán que gracias a la tecnología se ha
reducido el tiempo de las auditorías; eso pudiera tener algo de verdad
en el sentido de ciertas actividades de tipo masivo, sin embargo, la
complejidad del mundo de los negocios y de la normatividad a la que
estamos sujetos, provoca que ahora se tenga que invertir mucho tiempo
por los altos niveles de personal y socios de las firmas, por lo que
esos ahorros tecnológicos se agotan rápidamente. Otros dirán que
estamos en un mercado de libre oferta y demanda. Esto es cierto,
siempre y cuando se cumpla con la disposición anteriormente trascrita
de nuestro Código de Ética. La normatividad profesional está por encima
del mercantilismo.