En el proyecto se establece que la compañía sólo podrá rechazar una reclamación por un padecimiento preexistente cuando cuente con las pruebas documentales del asegurado, es decir, mediante un expediente clínico que contenga un diagnóstico de un médico autorizado o pruebas de laboratorio.

También, la aseguradora tendrá la facultad de negar la indemnización cuando, previo a la celebración del contrato, el asegurado haya hecho gastos comprobables para recibir un tratamiento de la enfermedad preexistente.

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