la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Miguel Ángel Yunes. El esquema previsto por las autoridades, inspirado en el que se aplica actualmente en Chile, confiere a inversionistas la posibilidad de construir cárceles y de atender su mantenimiento, operación y buen funcionamiento. Los gobiernos estatales y federal seguirán a cargo de la vigilancia interior y exterior y de los sistemas de seguridad de alto nivel técnico, precisó el funcionario.

La administración de la justicia, la evaluación de los niveles de readaptación de los internos, el seguimiento de sus casos y los tiempos procesales de sus preliberaciones o de su libertad, seguirán siendo responsabilidad de las autoridades. Se prevé que el primer penal con estas características se construya en Sinaloa, donde el proyecto está avanzado, señaló Yunes. El segundo proyecto para la construcción, operación y mantenimiento de prisiones se ubica en Quintana Roo, y el tercero el menos avanzado pero del que se han dado los primeros pasos está en Veracruz. Las concesiones a la iniciativa privada se harían por lapsos de entre 10 y 20 años.

El modelo no descarta que los reclusos se empleen como trabajadores de las empresas que construyan las prisiones, si deciden instalar fábricas en el interior de las mismas. Se prevé que con la apertura al capital privado, los gobiernos ahorren 20 por ciento en la construcción de prisiones