El estado del arte en esta materia da cuenta de la gran acumulación de conocimiento en torno a las reformas organizacionales, legales y de gestión que deben aplicarse para contener la corrupción. Organizaciones internacionales como el Banco Mundial y las Naciones Unidas han sido promotoras de mejores prácticas y recomendaciones generales de política listas para ponerse en marcha en diferentes jurisdicciones.

No obstante, el profundo desarrollo de estudios y documentación sobre políticas anticorrupción no ha ido aparejado de un progreso similar en materia de medición y evaluación del fenómeno. No es que no existan mecanismos o herramientas destinados a ese propósito.

Por el contrario, organizaciones como Transparencia Internacional, el Foro Económico Mundial, Freedom House y algunas universidades en el mundo han desarrollado diversos índices que clasifican a los países en función del grado de corrupción percibida en su territorio. Otros estudios locales muestran la gravedad de la corrupción en trámites y servicios concretos,en gobiernos subnacionales o en sectores económicos determinados.

El problema entonces no es la cantidad. Tampoco la calidad y seriedad de los estudios, llevados a cabo por instituciones con todo el prestigio, experiencia y solidez requeridos para emprender proyectos de medición técnicamente complejos. El problema es que persiste entre los estudiosos la preocupación sobre la confiabilidad y precisión de las metodologías existentes.

¿Realmente se puede medir de manera creíble la corrupción? ¿Es posible penetrar la naturaleza clandestina y oculta de la corrupción para generar una evaluación realista, certera y objetiva?

El asunto es de gran importancia. Finalmente, la efectividad de cualquier política pública depende en buena medida de la calidad de los diagnósticos, de la pertinencia de nuestro juicio sobre la gravedad, la ubicación y las características de un problema social. Por otra parte, tener una métrica confiable es indispensable para valorar el impacto de nuestras acciones, apreciar avances y retrocesos, y corregir el rumbo cuando sea necesario.

Veámoslo más de cerca. En el mundo, la medición de la corrupción se ha hecho de dos formas:
 
1) por medio de encuestas de percepción o experiencia, que si bien representan una observación directa de la corrupción, tienen la desventaja de no basarse en “datos duros”, sino en percepciones de los grupos encuestados (que además, rara vez son representativos o estadísticamente significativos) y,

2) por medio de “proxis” o indicadores secundarios, como las llamadas estadísticas espejo, que aun cuando utilizan “datos duros”, miden apenas fenómenos asociados con la corrupción, como las diferencias entre importaciones y exportaciones para calcular el tamaño del contrabando, o las diferencias entre la infraestructura existente y la inversión en obra pública usadas para estimar el tamaño de la ineficiencia en la gestión gubernamental.

Dicho de otra forma, el dilema reside en que los métodos existentes para evaluar la corrupción implican la elección de una alternativa: medirla directamente, aceptando la subjetividad y los márgenes de error inherentes a las encuestas de opinión, o medirla con estadísticas y “datos duros”, resignándose a observar indirectamente el fenómeno estudiado.

A partir de esta tensión claramente observable, podemos perfilar un conjunto de retos para el campo de la medición y evaluación de la corrupción en los años por venir. En primer lugar, los índices y estudios existentes deben superar la fase de “concientización” y estigmatización para ingresar a una etapa de generación de instrumentos útiles para la generación de políticas y soluciones informadas.

En segundo lugar, los nuevos instrumentos deberán permitir evaluar las políticas anticorrupción puestas en marcha, rastrear los cambios en la situación del problema a lo largo del tiempo, comparar regiones o países sobre bases más sólidas que la percepción, y brindar información útil para generar soluciones ad hoc.

Un tercer reto fundamental será la exploración de las condiciones que permiten o dificultan la presencia de actos corruptos o ilegales. Menciono a continuación algunos posibles indicadores que no han sido suficientemente explorados, pero que podrían ser trazas de investigaciones más sofisticadas.

En lugar de medir la corrupción, puede ser más fácil medir su opuesto, la integridad, o las características de la infraestructura ética organizacional. El nivel de transparencia en los procesos, o la presencia de valores de honestidad y rectitud entre el personal, serían aspectos importantes a considerar en este tipo de estudios.

Es posible también evaluar las mejores prácticas presentes en un conjunto de organizaciones. En vez de señalar qué institución es la más corrupta en un trámite o servicio determinado, sería más útil señalar quién hace mejor las cosas, identificar benchmarks y procurar la exportación exitosa de los programas y políticas.

Medir los riesgos de corrupción institucional es otra forma indirecta de generar información útil para la reforma. Por ejemplo, calcular el grado de autonomía y discrecionalidad de funcionarios clave, el número de pasos para efectuar un trámite, o la probabilidad de recibir una auditoría, constituyen datos importantes para evaluar el nivel de riesgo presente en una organización.

Por último, es posible evaluar la efectividad de los mecanismos de sanción existentes (e.g. ¿cuál es el nivel de impunidad del sistema ante casos de corrupción?), o hacer un diagnóstico de áreas críticas a partir de indicadores de gestión, estadísticas oficiales y estados financieros. Esta nueva generación de indicadores permitiría ensanchar el panorama de los estudios sobre corrupción, brindar información adecuada a los tomadores de decisiones, y sobre todo, valorar la eficiencia y efectividad de nuestras acciones.

Probablemente no será posible saber cuál es el nivel real de la corrupción, pero eso poco importa si tenemos certeza sobre los avances y retrocesos en terrenos estrechamente vinculados con ella. Para un país como México, contar con mediciones sólidas y confiables, más allá de su posicionamiento mediático, daría la oportunidad de distinguir entre escándalos y problemas sistémicos, entre el pasado y el presente, entre lo que sirve y lo que es mejor dejar para después.