consta de ocho cuartillas, prohíbe a los intermediarios solicitar a los usuarios, a través de sus funcionarios, empleados o terceros, sus contraseñas o claves de acceso.

Además, las instituciones tendrán que llevar a cabo revisiones periódicas para verificar que en los medios electrónicos no se cuente con herramientas o procedimientos que permitan conocer las claves de los usuarios.

Las disposiciones obligan a los intermediarios a mantener mecanismos de control para la detección y prevención de eventos que se aparten de los parámetros del uso habitual.