El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la OEA de 1969, por nombrar algunos.

Este derecho se ha convertido en uno de los temas centrales vinculado con la transparencia, la rendición de cuentas, la democracia y, por ende, el desarrollo social y económico de los países.

En México, el derecho de acceso a la información está reconocido en la Constitución y a partir de junio de 2002, en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) que lo regula.

A pesar de que el país cuenta con una de las leyes de acceso a la información más progresistas del mundo2, no debemos olvidar que este derecho existe en Suecia desde 1776 en la Ley de Prensa y que países como Estados Unidos, tienen su propia ley desde 1966, Francia desde 1978 y Canadá, Australia y Nueva Zelanda desde 1982.

Para garantizar el cumplimiento de la LFTAIPG, se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) en 2003. Sus objetivos principales son: garantizar el cumplimiento tanto del derecho de acceso a la información pública, como del derecho a la privacidad a través de la protección de datos personales y promover la transparencia y la rendición de cuentas del sector público.