Con 319 votos en favor y dos abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de decreto que reforma el artículo 117 y deroga el artículo 118 de la Ley de Instituciones de Crédito, con el fin de tener acceso a los secretos bancario y fiduciario.
El diputado del PRI, Héctor Gutiérrez de la Garza, informó que sólo el presidente de la República, Vicente Fox, puede dar marcha atrás al dictamen mediante observaciones en los siguientes 10 días, "pero francamente se ve complicado".
Respecto a cuentas de servidores públicos se colocó una condicionante: la Tesorería de la Federación sólo podrá solicitar información a las instituciones bancarias cuando el acto de vigilancia lo amerite.
En opinión de Gutiérrez de la Garza, "pareciera una protección al servidor público. Siempre nos quedamos a la mitad, parece que se deja la puerta abierta para encubrir", dijo.
Las instancias de gobierno podrán pedir la información a los bancos a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Como medida de protección para los usuarios del sistema financiero mexicano, la información proporcionada por las instituciones de crédito sólo podrá ser utilizada en las investigaciones, y deberá guardar estricta confidencialidad.
"El funcionario que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones, proporcione copia de ellas o de los documentos o que de cualquier otra forma revele cualquier información en ellos contenidos, se le sujetará al procedimiento de responsabilidad administrativa penal o civil que corresponda", establece el dictamen.
Como argumento, los legisladores consideraron que, si bien los secretos bancario y fiduciario garantizan la secrecía y reserva de información financiera de las personas, en algunos casos las autoridades deben tener datos para fiscalizar los recursos públicos.
El IFE, la Auditoría Superior de la Federación, las procuradurías del país y la Secretaría de Hacienda podrán solicitar información sobre cuentas bancarias cuando se investigue a algún ciudadano.
Boletín Cross Octubre 08