Menos del 1 por ciento de los daños de funcionarios al patrimonio federal son recuperados. En el presente sexenio, a los servidores públicos se les han aplicado sanciones por un total de 19 mil 920 millones 706 mil 958 pesos.

Lo anterior según una respuesta que dio la Secretaría de la Función Pública a una solicitud de información, mediante la Ley Federal de Transparencia.

Pero de esa suma, el Gobierno federal por medio del SAT sólo ha logrado recuperar 38 millones de pesos, menos del 1 por ciento del total de las sanciones impuestas por negligencia, contrataciones irregulares, deshonestidad y otros motivos.

Uno de los casos recientes es el de Carmen Segura, ex titular de la Coordinación General de Protección Civil, sancionada por desvíos en el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), y cuya afectación se valuó en un millón 733 mil pesos.

Otro antecedente fue la compra de un sistema con el que se pretendía modernizar la transmisión de giros telegráficos de dinero, pero que, se presume, nunca funcionó. A Carlos Mier, ex director de Telecomm, se le acusó por un daño de 6 millones 422 mil pesos.

Muchas de las sanciones económicas de la Función Pública son acompañadas, por lo general, de inhabilitaciones que se imponen contra los funcionarios para ocupar cualquier cargo público.

Parte de la dificultad para resarcir el daño al erario radica en que los sancionados pueden litigar las multas ante el Poder Judicial o el Tribunal Federal de Justicia Fiscal, que en automático -al recibir la impugnación- suspenden la sanción.

En comparecencias ante la Cámara de Diputados, el titular de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, ha afirmado que la baja recaudación de las llamadas multas de resarcimiento es responsabilidad del SAT, y no de la Secretaría a su cargo.

En el presente sexenio, a los servidores públicos se les han aplicado sanciones por un total de 19 mil 920 millones 706 mil 958 pesos, según una respuesta que dio la Secretaría de la Función Pública a una solicitud de información, mediante la Ley Federal de Transparencia.

Pero de esa suma, el Gobierno federal -por medio del Servicio de Administración Tributaria (SAT)- sólo ha logrado recuperar 38 millones de pesos, menos del 1 por ciento del total de las sanciones impuestas por negligencia, contrataciones irregulares, deshonestidad y otros motivos.

Uno de los casos recientes es el de Carmen Segura, ex titular de la Coordinación General de Protección Civil, sancionada por desvíos en el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), y cuya afectación se valuó en un millón 733 mil pesos.

Otro antecedente fue la compra de un sistema con el que se pretendía modernizar la transmisión de giros telegráficos de dinero, pero que, se presume, nunca funcionó. A Carlos Mier, ex director de Telecomm, se le acusó por un daño de 6 millones 422 mil pesos. Muchas de las sanciones económicas de la Función Pública son acompañadas, por lo general, de inhabilitaciones que se imponen contra los funcionarios para ocupar cualquier cargo público.