Entre los cargos más severos contra el directorio y otras altos ejecutivos figuraron haber vendido acciones antes de que estallara la crisis y después de una dura advertencia interna (el memo de una Contadora en agosto de ese año) e impedir que otros empleados hiciesen lo mismo.

También resonó con fuerza, entre otros casos, el de la telefónica WorldCom, que se declaró en bancarrota en julio de 2002, después de revelar que había ocultado miles de millones de dólares en gastos para cubrir pérdidas.

Desde entonces, el mundo de los negocios públicos se pobló de regulaciones destinadas a fortalecer la confianza de inversores y otros grupos de interés. Esas normas involucran incluso a las empresas de América Latina con el resto de las del planeta vinculadas a las norteamericanas. En julio, por ejemplo, se cumplirán cuatro años de la aprobación de la Ley Sarbanes-Oxley, la reforma de las prácticas financieras estadounidenses de mayor alcance desde el New Deal (década de 1930).

Especialistas de la consultora AMR Research pronostican que en los próximos años, las empresas estadounidenses destinarán 80 billones de dólares a responder a Sarbanes-Oxley, HIPAA o Gramm-Leach-Bliley, entre otras tantas regulaciones.

Bajo una lupa tradicional, este escenario de mayores exigencias implica para las compañías una serie de costos crecientes en Tecnología de la Información (IT, por sus siglas en inglés), cuyo único fin pareciera ajustarse a los cambios normativos que renuevan la fisonomía de los negocios. Pero esta mirada es miope. Le falta observar que estos desafíos obligados pueden no ser gastos sino una inversión, pues ofrecen la oportunidad de multiplicar las posibilidades de edificar empresas más rentables, robustas y sustentables.

Nota: El presente artículo es complementario del número 407 de la Revista Contaduría Publica, correspondiente al mes de Julio relacionado con el tema: Innovación en la Contabilidad.