En la lógica de la construcción del estado democrático de derecho, cobra vital importancia el tema de la legalidad en la gestión pública. Y, en particular, el principio de autonomía que se requiere para lograr la total independencia como principio fundamental, que garantice el objeto de la función para el que fueron creados los organismos públicos autónomos.
Debe entenderse que la autonomía no es sinónimo de anarquía; por ello, el ejercicio autónomo no exime a estas instituciones de sujetarse a las normas que para la gestión y rendición de cuentas rigen en el ámbito público. Por otra parte, la nueva vida democrática requiere enfrentar prácticas corruptas del pasado, por ello se debe poner más luz donde las cosas estaban oscuras construyendo la nueva cultura de la transparencia. Hoy en día no puede negarse la importancia que tienen la autonomía y la rendición de cuentas de los organismos públicos autónomos en un estado democrático de derecho. En este sentido, se han logrado reformas que definen cómo se ejercerá la autonomía funcional y presupuestal, sin embargo aún existe ausencia de leyes, o de normatividad interna que debieran emitir para gozar de una seguridad jurídica al respecto. Los organismos públicos autónomos deben tratar de constituirse en piedra angular para el fortalecimiento de un estado democrático de derecho. Deben buscar generar un equilibrio entre el poder de la autoridad, la aplicación de la norma y las necesidades de la población, observando de manera integral el marco legal que las rige. Así, su autonomía e independencia como instituciones de Estado, que no de gobierno, debe ser una de sus características fundamentales para su adecuado funcionamiento. El entorno legal de este tipo de instituciones son bastantes similares, aunque no idénticas, pues algunas no cuentan con la autonomía necesaria, por lo cual su independencia respecto del poder ejecutivo estatal, se ve un tanto limitada por razones presupuestarias y otras, como la facultad de proponer designar a sus integrantes o consejos. Sin embargo, también es importante que se tenga un control en la gestión presupuestal de los órganos autónomos y que quiénes ejercen y vigilan el gasto público en estos organismos, tengan reglas y procedimientos claros que favorezcan el mejor funcionamiento y la rendición de cuentas. Por otro lado, es aceptado por todos que democracia implica rendición de cuentas y que en nuestro país, con una democracia incipiente, el establecimiento de instituciones y prácticas efectivas de rendición de cuentas representa una legítima e importante aspiración. Compromiso y responsabilidad En el ejercicio de la autonomía, la reflexión acerca del compromiso que los organismos públicos poseen en el manejo de recursos públicos es de suma relevancia, ya que debe prevalecer la convicción de la responsabilidad social que tienen ante una ciudadanía cada vez más interesada y comprometida con su gobierno. En tanto los esfuerzos de cada uno de estos organismos se encaminen a fortalecer los principios de autonomía, independencia y autoridad moral, promoviendo las reformas legales necesarias, se fortalecerá su actuación en distintos ámbitos, dotándolos de los recursos materiales y financieros adecuados que garanticen el cumplimiento de su mandato. Durante los días 14 y 15 de julio de 2006, se llevará a cabo el Primer Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos Autonomía, Gestión y Rendición de Cuentas, en la Ciudad de Guanajuato, Gto. Convoca al evento la Procuraduría de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, con el objeto de conocer las aplicaciones legales, presupuestales y financieras de la gestión del gasto público en organismos autónomos, así como definir estrategias que fortalezcan la autonomía y la rendición de cuentas que requieren este tipo de organismos. (Fuente: periódico El Economista) |