Al hacer un análisis de las reformas fiscales que el Congreso de la Unión aprobó para el 2007, el director en México de KPMG dijo que los cambios impulsados por el presidente Felipe Calderón, en vigor desde el 1 de enero pasado, tienen un fin meramente recaudatorio, además de buscar mayores facultades de control para las autoridades hacendarias.
 
Es más, alertó José Manuel Barragán, socio legal de la firma, el paquete fiscal avalado por los legisladores presenta importantes visos de inconstitucionalidad, ya que con algunas medidas se afectan los principios de equidad y proporcionalidad tributaria definidos en la Carta Magna.

El tema más grave, puntualizó, es el del Impuesto al Activo, ya que al eliminarse la posibilidad de que las empresas puedan deducir de la base gravable sus deudas, se desconoce la capacidad real de los contribuyentes y los argumentos del Ejecutivo resultan al final del día "muy endebles".