Sin embargo, existen dos elementos que siempre estarán presentes en todas ellas: solvencia y rentabilidad.
Hablemos primero de solvencia. De acuerdo con el Diccionario de la Lengua, de la Real Academia Española, el término está relacionado con la capacidad de “…cumplir obligaciones, y más en especial capaz de cumplirlas cuidadosa y celosamente…”.

En el sector asegurador el término solvencia no puede entenderse como un simple atributo que las instituciones pueden tener de vez en cuando. Gran parte de la normatividad que circunscribe la actividad de las instituciones de seguros gira en torno a la solvencia.

La Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros (LGISMS), así como los distintos ordenamientos que de ella se desprenden, establecen diversos requerimientos y cuestiones que las instituciones deben cumplir a fin de garantizar su solvencia.

El nivel de exigencia, en cuanto a cumplimiento, vigilancia y supervisión, llega a tal grado que la misma LGISMS establece en su artículo 14 que las aseguradoras deben ser consideradas como instituciones de acreditada solvencia.

La necesidad del cumplimiento estricto en cuestiones relacionadas con solvencia se hace evidente cuando revisamos la definición de contrato de seguros. En los estándares internacionales de contabilidad (IFRS), el seguro se define de la siguiente manera: “es un contrato bajo el cual, una parte (el asegurador) acepta un riesgo significativo de seguros de otra parte (el asegurado) acordando compensar al asegurado o tenedor de la póliza si un evento específico, incierto y futuro (el evento asegurado), afecta adversamente al asegurado o tenedor de la póliza.”

* Socio Director de la Práctica de Seguros y de las áreas de Actuaría y Administración de Riesgos de Ernst & Young México

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