Lo que se requiere para esto, dicen, es mayor protagonismo del Ejecutivo en el tema, apertura de los grupos parlamentarios a discutir todos los aspectos de la reforma y un pacto político nacional que permita la construcción de los acuerdos.

Reunidos en torno de la mesa de análisis El Economista, "Alternativas para una reforma fiscal en México", Gustavo Madero Muñoz (PAN), Minerva Hernández Ramos (PRD) y José Eduardo Calzada (PRI), presidente y secretarios de la Comisión de Hacienda del Senado de la República, respectivamente; Jorge Estefan Chidiac (PRI) y Antonio Soto Sánchez (PRD), presidente y secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, además de Manuel Minjares Jiménez (PAN), vicecoordinador económico del PAN en San Lázaro, definieron el contexto y los retos de la reforma integral, así como la posible ruta por seguir en las próximas semanas.

De lo que se trata, entonces, coinciden los seis legisladores, es que los cambios fiscales que se discutan en los próximos meses sirvan como base para construir la reforma integral en el mediano plazo.
 
Las finanzas públicas, expone Gustavo Madero, atraviesan dos problemas graves:

dependencia concentrada de los recursos petroleros e insuficiencia del gasto público. Por el lado de los ingresos petroleros, dice, esto se convertirá en un detonador para la hacienda federal, ya que no sólo se prevé una disminución en los precios internacionales, como se ha observado en las últimas semanas, sino que también la producción de crudo comenzó ya su descenso.

En el caso de la insuficiencia de los recursos públicos, detalla, las necesidades de gasto adicional para educación, ciencia y tecnología, salud y combate a la pobreza son por el orden de 3% del PIB, además, las presiones por el gasto de pensiones de la burocracia y la deuda de los Pidiregas demandan dos puntos porcentuales más.

"Así, la reforma deseable, para mi gusto, es una que dé entre 4 y 5% del PIB, en un horizonte de tiempo, no de forma inmediata", agregó.