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Congresos de 25 estados avalarán la reforma electoral |
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escrito por Redacción La Jornada
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martes, 18 de septiembre de 2007 |
Los líderes parlamentarios de 25 congresos locales del país informaron ayer a La Jornada que ratificarán la reforma electoral aprobada por los diputados y senadores la semana pasada, que tanta controversia generó con los concesionarios de la radio y la televisión.
En la línea marcada por su gobernador, la mayoría priísta de Coahuila anunció que votará en contra, mientras que en estados como Tamaulipas, Aguascalientes, Hidalgo y Nayarit los diputados expresaron sus reparos con un “vamos a esperar que nos llegue” o “la estamos analizando”, pero no expresaron un abierto rechazo.
Diputados del estado de México, Veracruz, Michoacán, Chiapas, Chihuahua, Querétaro, Yucatán, Colima, Puebla, Jalisco, Guanajuato, Durango, Quintana Roo, Baja California, Baja California Sur, Tlaxcala, Guerrero, Nuevo León, Tabasco, Morelos, Oaxaca, Campeche, Sonora, Sinaloa y Zacatecas, consultados por este diario, señalaron que PRI, PRD y PAN cuentan en dichos congresos con un número suficiente de legisladores para avalar la reforma y que, de acuerdo con sus consultas, no tendrán ningún problema para llevarla adelante.
La mayoría ponderaron los aciertos de las modificaciones constitucionales que reducen el gasto y los tiempos de campañas. Inclusive, algunos que están en receso señalaron que citarán a periodo extraordinario de sesiones para dar trámite cuando antes a los cambios.
Aunque inmediatamente después de aprobada la reforma en el Senado y la Cámara de Diputados federal trascendió que varios gobernadores habían iniciado un cabildeo con sus diputados locales para detener la necesaria ratificación de la reforma –tiene que ser avalada por más de 50 por ciento de los congresos del país–, el único mandatario que manifestó públicamente su oposición fue Humberto Moreira Valdés, de Coahuila.
Moreira precisó su rechazo y anticipó que pedirá a los diputados locales de su partido –el PRI es mayoría en la legislatura local– no respaldar el planteamiento, al considerar que “viola la libertad de expresión” y “atenta en contra del federalismo”, al grado de dar “facultades plenipotenciarias” al Instituto Federal Electoral (IFE) para que sancione los comicios en estados y municipios.
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