Hacer negocios es, en esencia, una cuestión de confianza. En efecto, el activo más importante de toda empresa es la confianza que puede tener entre inversionistas, socios estratégicos, empleados y clientes.

Por esta razón resulta muy importante conocer el nivel de incidencia y las circunstancias que incentivan uno de los ilícitos que más dañan la reputación e imagen de las empresas: el fraude.

En los últimos años hemos presenciado múltiples escándalos de fraude, en diferentes tipos de empresas, que han originado regulaciones internacionales y nacionales tendentes a reducir el riesgo de quebrantos. Aun cuando estas regulaciones son bienvenidas, la verdad es que en México hemos carecido de un diagnóstico integral que nos permita saber con certeza el nivel de incidencia y el impacto de los fraudes en las empresas que operan en nuestro país.

De ahí que KPMG se diera a la tarea de realizar la Encuesta de Fraude y Corrupción en México 2008. Con este estudio se espera que la comunidad empresarial de nuestro país tenga a la mano información útil para delinear sus estrategias de prevención, detección y solución de riesgo de fraudes.

El fraude se puede definir como un acto deliberado de abuso de confianza, el cual, aprovechándose de engaños, se realiza para obtener un beneficio sin consentimiento de la empresa afectada. En este sentido, el estudio de KPMG revela que en el último año, 8 de cada 10 empresas que operan en México han padecido, cuando menos, un fraude.

El fraude puede ser clasificado en función de su perpetrador: si es cometido por un empleado o funcionario de la propia empresa estamos hablando de un fraude interno; cuando es cometido por un cliente o un proveedor, entonces se trata de un fraude externo. En la experiencia de KPMG, los fraudes internos son los que mayor impacto pueden tener sobre las empresas; toda vez que suelen ser cometidos por personas que conocen bien el funcionamiento de los sistemas de control interno y, por tanto, saben mejor cómo violarlos.

El estudio de KPMG indica que la incidencia de fraudes internos es de 46%, lo cual nos ubica entre los países con mayor número de fraudes internos en la región, sólo superado por Brasil que tiene un nivel de incidencia de 58% de este tipo de fraudes.

En cuanto al costo de los fraudes, el estudio revela que el sector privado en México perdió, en el último año, poco más de 900 millones de dólares americanos en fraudes internos. Sin embargo, cabe destacar que el delito del fraude suele tener también repercusiones en otros ámbitos de la organización. Es decir, en muchas ocasiones, el daño que le produce un fraude a una empresa no se limita únicamente al monto defraudado.

Existen múltiples aspectos que se ven afectados, como la imagen corporativa, el clima laboral o la confianza de los inversionistas. De hecho, en ocasiones estos efectos colaterales pueden tener consecuencias incluso más graves que el fraude mismo. En México, las empresas defraudadas reconocen que los quebrantos les han causado también los siguientes problemas: incremento en los costos de operación (53%), pérdida de confianza entre los empleados (41%), desorden organizacional (31%) y daño en la imagen corporativa (25%).

Una de los aspectos que más llama la atención del estudio de KPMG es la poca efectividad de los sistemas de control interno que, en general, tienen las empresas que operan en México.

En efecto, 9 de cada 10 fraudes se descubren hasta seis meses después de haberse cometido, a pesar de que en la mitad de los casos se tuvieron señales claras de que alguna irregularidad estaba sucediendo. Entre las señales de alarma que tuvieron las empresas defraudadas destacan las siguientes: faltantes de inventarios (50%), faltantes o diferencias en efectivo recurrentes (41%), estilos de vida ostentosos de los empleados (29%) y registros contables poco claros y/o atrasados (27%).

Estos datos se complementan con la información que se obtuvo sobre las condiciones que más incentivan el fraude. Los resultados obtenidos nos indican que en 64% de los casos de fraude interno, la falta de supervisión fue la causa primordial de que se cometiera el ilícito, pero en 46% la causa se le atribuye directamente a controles internos deficientes.

Esta información nos habla de la importancia que tiene la implementación de un adecuado sistema de administración de riesgo de fraudes. Un sistema de esta naturaleza debe partir de un diagnóstico puntual de los riesgos más significativos que enfrenta la empresa, dado el contexto y giro de negocio en el que se está operando.

Una vez identificadas estas amenazas, el sistema de administración de riesgo debe orientarse hacia tres objetivos esenciales:

1) La prevención, es decir, mecanismos de control que permitan reducir la posibilidad de que ocurra un fraude, como los códigos de conducta y la capacitación en ética en los negocios.

2) La detección, esto es, los mecanismos de control que permitan descubrir cualquier tipo de fraude cuando éste ya se haya cometido, como los sistemas de denuncia anónima o implementar programas de monitoreo de datos de operación y administración de la compañía.

3) La respuesta, que se refiere a los mecanismos de control que permitan tomar las acciones correctivas más adecuadas para remediar o limitar los daños causados por el fraude. En este nivel, las empresas deben adoptar, por ejemplo, un protocolo de investigación interna, que delinee las acciones concretas que se han de seguir en caso de haber detectado una irregularidad en la empresa.

Estas estrategias, cuando son integradas en un sistema de administración de riesgo, ayudan a reducir las amenazas que enfrenta cotidianamente una empresa. En México suele verse este tipo de medidas más como un costo que como una inversión. La cultura de las empresas, en general, sigue siendo más reactiva que preventiva. En ese sentido, los riesgos de fraude y conductas impropias son, sin lugar a dudas, una de las principales áreas de oportunidad que tienen las empresas mexicanas para mejorar su competitividad en el futuro inmediato.

^{* Asesor de la Práctica Forensic de KPMG en México y Coordinador de la Encuesta de Fraude y Corrupción en México 2008 de KPMG}