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Hace diez años, la certificación del Contador Público mexicano era sólo una idea. Teníamos otros problemas por resolver, pero nos convencimos de que debíamos hacer algo que nos permitiera evidenciar, de una manera objetiva, seria, indiscutible y posible, que los Contadores Públicos mexicanos contábamos con conocimientos, aptitudes, habilidades y criterio profesional de la más alta calidad; aunque, en realidad, no pensábamos mucho en romper nuestras fronteras.
En algún momento se abrió la posibilidad de entablar las primeras conversaciones con el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA, por sus siglas en inglés). Su Director Ejecutivo, Barry Melancon, nos recibió en sus oficinas de Nueva York y escuchó por primera vez el interés de Instituto Mexicano de Contadores Públicos por contar con un Acuerdo de Mutuo Reconocimiento Profesional entre Estados Unidos (EE.UU.) y México. Para entonces, EE.UU. tenía un acuerdo bilateral con Canadá y estudiaba la viabilidad de firmar otro con Australia.
La reunión fue breve, en un clima de amabilidad, casi de afecto. Reconozco que nos sorprendió una apertura tan evidente. Esperábamos usar una gran cantidad de argumentos sobre las virtudes que veíamos en el proyecto. No fueron necesarias. Nuestros colegas estadounidenses las compartían. La segunda sorpresa fue escuchar, por parte de ellos, la idea de que, en virtud de que se encontraba vigente un Acuerdo con Canadá, se sustentara nuestra solicitud en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y buscar así un acuerdo trilateral.
¿Pero, cómo funciona? Las profesiones de Canadá y de EE.UU. tienen una diferencia sustancial con México. En esos países, el título universitario no conlleva la autorización del Contador para emitir dictámenes; para ello, nuestros colegas del norte deben presentar un examen ante las autoridades provinciales (en Canadá) o estatales (en Estados Unidos). Ese examen es preparado por institutos profesionales (AICPA, en Estados Unidos, y el Instituto Canadiense de Contadores Autorizados, CICA, en Canadá), y son las autoridades las que se encargan de aplicarlo y calificarlo. Quienes lo aprueban en Canadá se convierten en Chartered Accountant (CA) y en Cetified Public Accountant (CPA), en Estados Unidos. Bajo estas denominaciones, son los profesionales con la capacidad de emitir dictámenes y otras opiniones con circulación entre un público usuario externo a la empresa o entidad contratante.
Sobra decir que en México, hasta hoy, el título universitario otorga el derecho de ejercer aún públicamente, sin ningún requisito más que el de tramitar la cédula profesional; sin experiencia previa, sin examen de conocimientos ni de criterio profesional.
Llegó el día. Meses después de aquella reunión en Nueva York, nos sentamos a la mesa con nuestros colegas de Canadá y Estados Unidos para buscar, con la experiencia de ellos y con nuestro entusiasmo, el formato más adecuado para nuestro Acuerdo Trilateral. Al referirme a la experiencia de Canadá y de EE.UU. lo hago porque entonces ya existía un órgano conjunto para atender asuntos como la solicitud que México pretendía hacer.
Mucho tendría que hacerse: lo primero, establecer contacto con el International Qualifications Apprisal Board (IQAB), órgano de decisión conjunta que tiene, entre sus atribuciones, la capacidad de aceptar la solicitud de la profesión mexicana para tener un trato preferencial en los términos del TLCAN. Esto nos pone por encima de cualquier socio comercial de Canadá o de Estados Unidos en el acuerdo del GATS.
¿Qué sucedía en México en ese momento (1997-1998)? Las primeras certificaciones, al amparo de un artículo transitorio del Reglamento de Certificación, se otorgarían fundamentadas en la práctica profesional de los últimos cinco años del solicitante, soportado en el cumplimiento de nuestra norma de Educación Profesional Continua (EPC) por el mismo periodo, que para entonces tenia casi dos lustros de vigencia, y que nos ponía a la vanguardia de Latinoamérica. Esta circunstancia prevalece el día de hoy, ya que somos el único país de la región que ejerce con una norma de EPC obligatoria y está sujeto a sanción.
Tiempo después, se establecieron los mecanismos bajo los cuales nuestros socios de Norteamérica reconocerían nuestro proceso de certificación: las tres “E”, educación, experiencia y examen. Designaron una comisión que vendría a México representando tanto a Canadá como a Estados Unidos, para realizar un estudio sobre cómo operaba la profesión en México. Para ello, se decidió contar con un asesor estadounidense, Polo Botello, un valiosísimo aliado de la profesión mexicana, ya que aun siendo un colega norteamericano, se trataba de un profesional bicultural, como consecuencia de su origen. Su ayuda fue invaluable.
Hoy, todo eso es historia. Actualmente, tenemos y disfrutamos del primer acuerdo profesional trinacional. Fue en septiembre de 2002 cuando los Contadores Públicos Certificados mexicanos, al firmar nuestro primer Acuerdo Profesional de Reconocimiento Mutuo, fuimos reconocidos como “iguales y equivalentes” a los Chartered Accountant de Canadá y a los Certified Public Accountant de EE.UU.
En mis muchos años de ejercicio profesional, he escuchado y también afirmado que la Contaduría Pública mexicana es la profesión mejor organizada del país. Hoy les puedo asegurar que, en Latinoamérica, somos la única con un programa obligatorio y sancionado de Educación Profesional Continua, y también la única con un mecanismo de Certificación Profesional y con un acuerdo trinacional de mutuo reconocimiento.
Todo esto significa que somos una profesión comprometida, con responsabilidad social; una profesión con sentido internacional y consciente de que lo que no hagamos hoy para las siguientes generaciones, no lo hará nadie.
El pasado 17 de abril se firmó la renovación del Acuerdo Profesional de Reconocimiento Mutuo por un nuevo periodo de cinco años (2008-2013).
Durante ese lapso, los Contadores Públicos Certificados de nuestro país tendrán acceso al ejercicio profesional en Canadá o Estados Unidos después de aprobar el examen para extranjeros. Se trata de una evaluación de conocimientos, cuya duración máxima para resolverlo es de cuatro horas, sobre normatividad y legislación fiscal y corporativa de la jurisdicción a la que se pretende entrar. Al aprobarlo, el C.P.C. tiene la puerta abierta a un mercado profesional de enormes dimensiones.
Desde cualquier perspectiva, éste es un importantísimo logro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos en beneficio de todos sus agremiados.
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