Tras años de búsqueda de alternativas para transformar y mejorar el sistema hacendario de nuestro país, en el año 2007, las principales fuerzas políticas, a través de sus legisladores, alcanzaron un acuerdo encaminado a fortalecer los ingresos públicos, ampliar la base de contribuyentes, reducir los tratamientos diferenciados y mejorar la equidad en el pago de los impuestos, en suma, pasos sustantivos rumbo a una reforma hacendaria.

Mucho se ha mencionado, y con razón, que esta reforma no contiene todos los elementos de lo que el país necesita, particularmente en lo que se refiere, por ejemplo, a la necesaria descentralización de los ingresos y la imposición indirecta (al consumo), pero es indudable que significa una serie de pasos hacia adelante, como no había ocurrido con otras iniciativas presentadas en legislaturas anteriores.

Los efectos más notorios para los contribuyentes han sido la implementación de dos nuevos impuestos y la derogación del Impuesto al Activo. El Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), ha permitido, fundamentalmente, iniciar la corrección de tratamientos diferenciados (y no justificados) en el Impuesto Sobre la Renta, lo que debería traducirse en una mayor recaudación y en la corrección de inequidades, por lo menos es el propósito y de ser el caso será un proceso.