...se presenta en todos los ámbitos de la sociedad y sus causas responden a problemas culturales, institucionales, y económicos.

Durante muchos años, en México y en otros países de América Latina, las estrategias anticorrupción de los gobiernos se centraron en acumular controles y normas, seguidos de mecanismos correctivos y sanciones para inhibir la corrupción. Con el tiempo, la proliferación de controles se convirtió en un obstáculo para la operación eficiente de los gobiernos, y en algunos casos el exceso de trámites favorecía a la corrupción, en vez de evitarla.

Sin abandonar la aplicación de sanciones, el control y la vigilancia, los nuevos paradigmas en el combate a la corrupción están orientados a la racionalización de esos controles y a privilegiar mecanismos preventivos, ya que es más efectivo y eficiente prevenir la comisión de actos de corrupción que concentrar todos los esfuerzos en investigar, identificar, sancionar y corregir las faltas, una vez que se han presentado.

Combatir la corrupción y promover la transparencia es indispensable para impulsar el desarrollo de un país. Las instituciones financieras internacionales, inversionistas, empresas calificadoras y grandes bancos están concediendo cada vez mayor atención al desempeño de los gobiernos en el combate a la corrupción como un indicador que determina el ambiente para la inversión y la competitividad. Los gobiernos que no obtengan buenos resultados en la promoción de la transparencia, no tendrán las mismas oportunidades de competir por fuentes de inversión.

El establecimiento de una vinculación cercana y permanente con la sociedad es un elemento fundamental de la estrategia de cualquier gobierno en el combate a la corrupción. En todos los programas anticorrupción que han tenido éxito a nivel internacional, la participación de los ciudadanos se revela como un factor clave e indispensable. Un programa anticorrupción no puede funcionar sin involucrar a la ciudadanía y poner en marcha una estrategia de cambio cultural en favor de la transparencia.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas , la prevención por medio de la generación de conciencia sobre los costos de la corrupción es una estrategia que debe acompañar a los mecanismos de identificación y sanción para que éstos puedan ser efectivos.

En un sistema democrático de gobierno, la participación de la sociedad es fundamental para prevenir la corrupción y asegurar el funcionamiento de los mecanismos de rendición de cuentas de los gobernantes. Muchos expertos en combate a la corrupción coinciden en que “la rendición de cuentas es una relación de dos vías entre servidores públicos y la sociedad. Si bien existe la obligación constitucional de los servidores públicos de cumplir la ley, los ciudadanos deben asegurarse de que aquellos rindan cuentas.”

Investigadores del Banco Mundial, con base en observaciones hechas en casos exitosos de combate a la corrupción de varios países, concluyen que”involucrar a los ciudadanos en el diseño de políticas públicas puede reducir la corrupción y aumentar la eficiencia, la equidad y la transparencia.”

Experiencias como las de Palermo, Seúl, Nueva York, Bogotá y otros gobiernos locales y nacionales en los que se involucró a los ciudadanos para denunciar los delitos, monitorear los servicios del gobierno y participar en el diseño de estrategias de combate a la corrupción, han fortalecido la evidencia de que existe una relación directa y positiva entre la efectividad de las políticas anticorrupción y la participación ciudadana.

Cuando los ciudadanos se involucran, ejercitan su voz y demandan rendición de cuentas, se echa a andar una dinámica social en la que el desempeño del gobierno mejora y se previene la corrupción.

Involucrar a la sociedad en el combate a la corrupción y la promoción de la transparencia significa por un lado, hacer concientes a los ciudadanos del enorme poder que tienen para ayudar a romper un eslabón de la cadena de la corrupción, y por el otro, lograr su participación en la construcción de una cultura de transparencia y cambiar los referentes culturales y sociales que permiten que la corrupción siga siendo parte de la vida cotidiana de los mexicanos.

La conformación de organizaciones de la sociedad como Transparencia Mexicana, CIMTRA, LIMAC, el Colectivo por la Transparencia y el Observatorio para la Transparencia, interesadas en el impulso de la transparencia, junto a otras organizaciones como Alianza Cívica, que han hecho suya esa tarea, son muestra de la profundidad del cambio de actitud de la sociedad mexicana acerca de que el combate a la corrupción no es ya un asunto que incumbe solamente a los gobiernos. La construcción de un México más transparente es ahora una labor que emprenden de forma corresponsable la sociedad y el gobierno.

Coinciden en el tiempo con este cambio de actitud, profundas transformaciones legales impulsadas en esta administración y apoyadas por la sociedad, que trastocan materialmente los puntos de referencia en la relación entre gobierno y ciudadano. Destacadamente, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental aprobada en 2002, representa un salto formidable en la consolidación de los mecanismos democráticos de rendición de cuentas.

Durante los dos primeros años de vigencia de la Ley de Transparencia se recibieron cerca de 70 mil solicitudes de información por parte de la sociedad mexicana, lo que refleja la enorme demanda acumulada por conocer la información que se genera dentro del gobierno, así como el buen recibimiento que ha tenido este mecanismo de transparencia.

La obtención del derecho de poder preguntar al gobierno prácticamente cualquier cosa y tener los mecanismos para obtener la respuesta es, después del sufragio efectivo, la reforma democrática más importante de nuestra historia. La información es poder, y si la información del gobierno se hace accesible a los ciudadanos, éstos adquieren necesariamente un mayor control sobre el gobierno; el poder se redistribuye colectivamente y los gobernantes dejan de tener un control monopólico sobre la información.

En sociedades libres con ciudadanos que tienen el poder de llamar a cuentas a sus gobiernos periódicamente en las elecciones y de forma constante mediante mecanismos de acceso a la información, cada una de nuestras acciones a favor de la transparencia cuenta y tiene un impacto real.

Cuando un tema como la transparencia se encuentra tan profundamente integrado en el interés de la sociedad; cuando existen mecanismos institucionales que aseguran al ciudadano el derecho a la información del gobierno; cuando la transparencia forma parte inseparable de la agenda pública, la participación ciudadana en el combate a la corrupción no solamente se vuelve más importante: se convierte en una realidad necesaria.

El derecho a contar con un gobierno que informa y que rinde cuentas es corolario natural del derecho a elegir libremente a los gobernantes. Con la participación ciudadana se cierra el círculo democrático que inicia con las elecciones y se extiende a la celebración de un pacto de honestidad entre el gobierno y los ciudadanos, en el que ambos son protagonistas activos y corresponsables en el combate a la corrupción y en la construcción de una cultura de integridad y transparencia.