Crear estas condiciones equitativas para el comercio y la economía de nuestro país, nos ha obligado a partir de 1999 –año en que México ratificó la Convención- a establecer mecanismos y publicar leyes que apoyen la detección y penalización de empresas y personas que en sus transacciones comerciales internacionales prometan, den o encubran pagos extraoficiales a servidores públicos extranjeros.

Este esfuerzo ha implicado en consecuencia, la participación de los gobiernos y los congresos estatales y el Federal y, así como de todos aquellos actores que intervienen en evitar el ofrecimiento, el pago y el encubrimiento de comisiones. En este sentido, las empresas, los Contadores y auditores, los abogados y los consultores del país adquieren un papel fundamental en el cumplimiento de la Convención.

¿Cómo cumple el gobierno federal con la Convención Anticohecho de la OCDE?

A partir del año 2001, la administración del Presidente Vicente Fox señaló como parte de sus prioridades, el combate a la corrupción y la consolidación de un gobierno más eficiente y transparente, que respondiera a las necesidades de la ciudadanía y propiciara la rendición de cuentas, que requería nuestra democracia.

El gobierno federal entendió que el buen gobierno es un factor indispensable para responder con mayor eficacia a las necesidades de los mexicanos, para utilizar de forma óptima los recursos con los que contamos, para eliminar la discrecionalidad en el actuar público, para consolidar un gobierno de libertades y de resultados.

Los principales logros en materia de buen gobierno se han relacionado con el acceso a la información, la profesionalización del servicio público, el uso de tecnologías de información que eficientan y transparentan los trámites y servicios públicos, el combate a la impunidad y la creación de una cultura de integridad y transparencia.

Estos temas han sido retomados por la agenda internacional anticorrupción en forma de convenciones y acuerdos. México forma parte, además de la Anticohecho de la OCDE, de las Convenciones Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos y de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en la cual jugó un papel de liderazgo en la negociación y firma.

La Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos marcó una diferencia importante en los acuerdos internacionales, ya que por primera vez se contempla la idea de fincar responsabilidades a los empresarios que incurran en cohecho de funcionarios públicos. Es decir, trata de prevenir y atacar conductas de los privados en su relación con las autoridades gubernamentales.

Para cumplir con los lineamientos de ésta, el Congreso Mexicano aprobó una enmienda al Código Penal Federal, incluyendo el artículo 222 bis , que establece la ofensa de cohecho de funcionarios públicos extranjeros. Al mismo tiempo, el Ejecutivo Federal empezó a trabajar en promover reformas que adecuaran nuestro marco jurídico al texto de la Convención, realizó una extensa campaña de difusión sobre los alcances y lineamientos de la misma, y promovió la participación de diversas instituciones federales y locales, públicas y privadas, en el cumplimiento de la Convención.

Por su parte, las empresas han empezado a trabajar en la adopción de mejores prácticas de gobierno corporativo, para prevenir conductas irregulares o ilícitas. La elaboración y promoción de programas de integridad centrados en códigos de conducta, la existencia de cláusulas o esquemas de protección de denunciantes, la transparencia de las finanzas y en general de la operación de las corporaciones, se han convertido en criterios y medidas comunes al empresariado mexicano.

Finalmente, los contadores, auditores y abogados, se han asegurado de promover el uso de prácticas corporativas que eviten y disminuyan la doble contabilidad, el encubrimiento, y en general conductas poco éticas.

México, integralmente, se está transformando para crear instituciones y sociedad mucho más íntegras, transparentes y comprometidas con la rendición de cuentas.

¿Cómo mide la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos el esfuerzo de los países por cumplir con la Convención Anticohecho?

La Organización cuenta con un mecanismo de seguimiento y un grupo de trabajo, que buscan a través de dos fases de evaluación, analizar el grado en que cada uno de los países signatarios han instrumentado medidas y promovido leyes y reglamentos que consigan la plena adopción de la convención.

El primer punto en esta lista de disposiciones, tiene que ver con la tipificación o el reconocimiento del cohecho transnacional como un delito, y en consecuencia, la definición de sanciones para aquellos que estén involucrados con un caso de cohecho. Asimismo, es importante que las naciones signatarias, consideren en su marco jurídico, el encubrimiento del cohecho, la responsabilidad de terceras personas y por supuesto las sanciones a ambos tipos de delitos.

En una segunda etapa, los países miembros de la OCDE y que se han comprometido con esta Convención, demuestran que están aplicando las medidas necesarias, en los ámbitos público y privado, para prevenir, castigar y erradicar el cohecho y todas las conductas ligadas a éste.

Entre septiembre de 2003 y junio de 2004, nuestro país fue evaluado por un grupo de expertos de la OCDE, quienes revisaron sendos cuestionarios respondidos por instituciones diversas del gobierno federal y algunos actores privados, entre ellos el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Asimismo, este grupo de experto se reunió, a lo largo de una semana, con funcionarios públicos, empresarios, abogados, contadores, periodistas, organizaciones de la sociedad civil, legisladores, embajadores, cámaras empresariales nacionales y extranjeras, para constatar que la aplicación de las leyes y el funcionamiento de los sistemas de prevención de cohecho existían y estaban operando eficientemente.

El Informe que la OCDE emitió en octubre de 2004 reconoció la voluntad política del gobierno federal mexicano y los avances concretos en el combate a la corrupción, alcanzados por la administración del Presidente Fox, tales como:

•    Contar con un programa integral en la materia, lo que refleja un esfuerzo coordinado e interinstitucional y la generación y aplicación de medidas de uso general en todo el gobierno federal.

•    Haber generado marcos jurídicos y normativos, y adoptado los sistemas y los mecanismos necesarios para garantizar la rendición de cuentas, el acceso a la información, la transparencia de la gestión pública, la mejora de los procesos y servicios y las herramientas de prevención y control de conductas o actos de corrupción.

•    Haber establecido y poner en marcha un servicio profesional de carrera, que garantiza el acceso, permanencia y promoción de funcionarios con igualdad de oportunidades.

•    Utilizar sistemas que garantizan la transparencia en las contrataciones gubernamentales.

•    Haber demostrado el liderazgo de México en materia de combate a la corrupción, al ser promotores de foros regionales e internacionales que buscan mayor transparencia en el funcionamiento de los sistemas público y privado.

•    Haber realizado una extensa campaña de sensibilización sobre los costos de la corrupción y el impulso a la participación ciudadana en combatirla, a nivel nacional.

Asimismo, el Reporte de la fase II de evaluación de nuestro país, reconoció los avances en la implementación de la Convención, entre los cuales destacan:

•    El continuo reforzamiento de mecanismos que previenen y combaten el lavado de dinero y otro tipo de actos de corrupción, incluyendo el cohecho.

•    La presentación de iniciativas de reforma a diversas leyes, ante el Congreso, con el fin de cumplir cabalmente con los compromisos en materia de cohecho internacional.

•    La realización de una extensa campaña de difusión hacia contratistas y proveedores de la APF, gobiernos estatales, cámaras empresariales, colegios y asociaciones de profesionistas, banca de desarrollo y comercial, grandes empresas, embajadas mexicanas en el extranjero y de países miembros de la OCDE en nuestro país, y medios de comunicación, para dar a conocer la Convención y sensibilizar sobre la importancia de atender los lineamientos y recomendaciones de la misma.

•    La elaboración de materiales de difusión tales como folletos, presentaciones, sitios de internet, cursos de capacitación, artículos, pósters, spots, con el fin de dar a conocer los lineamientos de la Convención, pero también de ofrecerles herramientas concretas para el cumplimiento de sus obligaciones.

•    La presentación de una Iniciativa de Reforma para modificar el sistema de administración y procuración de justicia.

•    La adopción de reglas internacionales de auditoría y transparencia financiera y de programas de integridad centrados en códigos de conducta, entre los sectores público y privado, enfatizando la importancia de contar con ellos en las empresas.

•    El desarrollo y uso de sistemas de atención de quejas y denuncias, a través de medios electrónicos, telefónicos y físicos; así como contar con un proceso de inconformidades para dirimir conflictos con empresas proveedoras o contratistas del gobierno.

•    La mejoría de los sistemas y las medidas para detectar lavado de dinero y actos de corrupción en general, como el innovador programa de usuario simulado.

Pero el camino aún marca prioridades, y México debe trabajar para lograr una completa coincidencia con los lineamientos de la Convención, y en este sentido la OCDE nos recomienda, entre otras acciones:

•    Mejorar el conocimiento sobre la Convención y el tema de cohecho internacional, a través de la realización de campañas orientada a empresas mexicanas exportadoras o que invierten en el extranjero, y programas específicos para hacer conciencia en éstas.

•    Impulsar mayor colaboración con estados y municipios, con el fin de estimular que los avances presentados en el orden federal, puedan reflejarse de forma similar en los otros órdenes.

•    Ampliar la capacitación para contadores, auditores y abogados sobre el delito de cohecho transnacional.

•    Identificar y difundir mejores prácticas anticorrupción en y con el sector privado.

•    Establecer requisitos de información sobre las comisiones pagadas por empresas mexicanas a agentes en el extranjero.

•    Generar indicadores y estadísticas para identificar áreas susceptibles de mejora en la prevención y detección de lavado de dinero.

•    Asegurarse que los servidores públicos cumplan con la obligación de denunciar, en cumplimiento al Artículo 117 Código Federal de Procedimientos Penales y aplicar, en caso de incumplimiento, las sanciones respectivas.

•    Garantizar que los contadores y auditores reporten delitos, de acuerdo con el artículo 116 del mismo Código, el cual señala la obligación de los ciudadanos de reportar cualquier delito a la autoridad competente, siempre en congruencia con las reglas sobre confidencialidad profesional.

•    Facilitar la denuncia y proveer canales eficientes para su presentación, haciendo compatibles los medios para la denuncia de casos de cohecho nacional, con el de tipo transnacional.

•    Adoptar y promover una protección amplia para denunciantes, que evite represalias y garantice la seguridad del denunciante, incluyendo un marco jurídico y mecanismos en los sectores público y privado.

•    Mejorar la capacitación y fomentar la proactividad de policías y fiscales para detectar casos de cohecho internacional y fomentar el uso de herramientas analíticas y técnicas para la investigación financiera; así como hacer congruentes las investigaciones de transacciones sospechosas o presunto lavado de dinero con aquellas de cohecho internacional y generar lineamientos para orientar el trabajo de cuerpos policíacos y ministerios públicos y facilitar la distinción entre el cohecho nacional y el de tipo transnacional.