Se estima que esa deficiencia legal pudo explicar alrededor de 50 por ciento del costo fiscal del rescate bancario, que según el Fondo Monetario Internacional ascendió a 20 por ciento del PIB de 1995, año de la crisis, debido a la incapacidad jurídica del Estado para resolver un banco.

La propuesta que enviará en breve el Ejecutivo al Congreso dela Unión, pretende introducir, en la legislación aplicable a instituciones de crédito, un esquema actualizado que prevea las medidas y mecanismos necesarios para enfrentar la insolvencia de un banco.