en las dependencias que la conforman. En este sentido, las tareas de combate a la corrupción se concentraron en detectar la mala utilización o desvío de recursos públicos por parte de funcionarios del gobierno federal.

Desde la creación de la Contraloría General de la Federación (SECOGEF) en 1982, dependencia que en 1994 modifica su nombre por el de Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM), vemos cómo el diseño institucional de las dependencias encargadas de revisar el ejercicio del gasto público se orientó principalmente a fortalecer la función fiscalizadora los órganos internos de control en estas dependencias.

Para la presente administración, el tema de lucha contra la corrupción es estratégico, y a diferencia de los sexenios anteriores donde el énfasis se ponía en la fiscalización de los recursos, actualmente se acentúa la importancia de las acciones preventivas y de supervisión para combatirla. A fines del año 2000, a raíz de la reestructuración de la Administración Pública y por iniciativa del Presidente Vicente Fox, la Secretaría de la Función Pública (entonces SECODAM) reorienta sus objetivos hacia: “prevenir y combatir la corrupción y crear una cultura de transparencia” (http://www.conaliteg.gob.mx/antecedentes%20oic.htm).

Asimismo, el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo señala la promoción de cuatro líneas estratégicas que guían la actuación del gobierno federal:

1.         Involucrar a la Administración Pública Federal.

2.         Promover acciones preventivas en la lucha contra la corrupción.

3.         Combatir la impunidad.

4.         Trabajar con la sociedad en la consolidación de una cultura de transparencia e integridad.

Y es que, a diferencia de sexenios anteriores, la actual estrategia del gobierno mexicano en materia de combate a la corrupción, fortalece el enfoque de control preventivo antes que punitivo para el combate efectivo de la corrupción y transparentar la Gestión Pública. Asimismo, ha realizado acciones puntuales para incorporar la participación ciudadana en acciones de transparencia de la gestión de gobierno y el combate a la corrupción.

La transparencia en el marco de la actuación gubernamental se refleja principalmente en tres puntos:

•          Manejo honesto de los recursos públicos.

•          Transparencia de los actos de gobierno.

•          Rendición sistemática de cuentas.

El presente gobierno enfatiza que construir una cultura de transparencia es una labor conjunta que requiere de la participación de diversos actores sociales y políticos. El combate efectivo a la corrupción implica contar con una sociedad activa y vigilante interesada en conocer los programas y acciones que el gobierno está llevando a cabo en el marco de su quehacer cotidiano.

Este principio se tradujo en el impulso a estrategias que favorecen la participación ciudadana en acciones de combate a la corrupción y en el establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas para favorecer una cultura de la transparencia y legalidad en nuestro país.

Para lograr este objetivo, cabe destacar tres elementos: primero, se buscó dotar al ciudadano de herramientas y tecnologías de la información que le permitan contar, de la manera más rápida y transparente posible, con información sobre el quehacer gubernamental.

Diversas aplicaciones de tecnologías de la información han favorecido la transparencia en la función pública y al tiempo, nos han acercado a un modelo de gobierno electrónico más eficiente.

Como ejemplo de lo anterior podemos citar a los sistemas Declaranet y Tramitanet. El primero permite que los servidores públicos cumplan con la obligación anual de hacer su declaración patrimonial anual vía Internet y el segundo, conocer de manera fácil y oportuna los requisitos para efectuar trámites y servicios que realiza el gobierno federal.

Asimismo, el Sistema de Compras y Contrataciones Gubernamentales (COMPRANET) creado el sexenio anterior, fue sometido a una revisión y reingeniería a fin de hacerlo más eficiente y promover su uso mediante la publicación en internet de la información de las licitaciones y compras del gobierno.

En segundo lugar, la búsqueda de transparencia gubernamental también se ha traducido en el diseño y aprobación de marcos legales que garanticen equidad y transparencia en diferentes ámbitos. Muestra de ello es la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, que constituyen sólidos avances en la historia de nuestro país.

La promulgación de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) permite que la sociedad cuente con medios efectivos para asegurar la vigencia del derecho de acceso a la información pública, así como el acceso público a la información sobre las operaciones gubernamentales, ejerciendo un control directo sobre los actos de la administración.

Aunque los avances en la aplicación de la ley están a la vista, baste mencionar como ejemplo que al 16 de diciembre de 2004, se han recibido más de 61 mil solicitudes de información de las cuales se han atendido en tiempo y forma más de 89%. (http://www.informacionpublica.gob.mx/portal.html)

Hoy en día, se está trabajando en una segunda etapa que permitirá mejorar y hacer más amigables los mecanismos electrónicos de acceso y gestión para la atención de las solicitudes ciudadanas de información.

La aprobación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, garantiza que la evaluación y el proceso para acceder a un puesto público, sea público, equitativo y basado en el mérito y la aptitud.

Finalmente, se ha impulsado la participación activa de todas las dependencias de la Administración Pública Federal, así como la vinculación con grupos de la sociedad civil, académicos, políticos y empresariales a fin de involucrarlos activamente en la consolidación de una cultura de transparencia y combate a la corrupción.

La búsqueda de esta participación activa se ha reflejado en acciones como el concurso de cuento infantil “Adiós a las trampas”, el cual busca que los niños se cuestionen sobre los valores de la honestidad y la transparencia, y que obtuvo reconocimiento internacional al ser replicado en otros países como Colombia; del mismo modo está el “Premio Anual de Investigación sobre Corrupción en México” lanzado junto con la Universidad Nacional Autónoma de México, dirigido a promover la investigación sobre la corrupción entre estudiantes universitarios e investigadores. Éstos son sólo algunos de los esfuerzos encaminados a lograr que la sociedad mexicana se interese en el combate a la corrupción.

Finalmente, es de destacar que en la presente administración se han suscrito más de 40 acuerdos de colaboración con diversas instituciones, dependencias y organizaciones de la sociedad civil donde se comprometen acciones puntuales para abatir la corrupción.

Sin duda queda mucho que hacer en materia de combate a la corrupción en nuestro país, pero también es indudable que las leyes aprobadas, las iniciativas, los programas y las acciones impulsados los primeros cuatro años de la administración del Presidente Vicente Fox tendrán impacto a mediano y largo plazo, y cimientan la creación de nuevas reglas y prácticas que permitan alcanzar la meta de contar con un gobierno más eficiente, libre de corrupción.

Ahora toca turno a la ciudadanía; es tarea de todos participar activamente y reconocer que el combate a la corrupción es una responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad. Este reconocimiento activo es el que, sin duda, nos permitirá consolidar los avances alcanzados hasta el momento.